Planeación Distrital ha tasado en $800.000 millones la construcción de vías, servicios y espacio público que tendrían que ser financiados por quienes desarrollen el sector.
Una avalancha de consultorías, revisiones, reparos, cambios y nueva concertación, tanto urbanística como ambiental, han rodeado desde el año 2000 al decreto que busca darle vida al Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) del Norte de Bogotá y que, de acuerdo con el secretario de Planeación Distrital, Óscar Molina, finalmente será expedido en las próximas semanas.
La iniciativa propone un manejo integral del desarrollo de este sector de Bogotá, no solo desde el punto de vista urbanístico sino también de movilidad, medio ambiente y recreación.
Se utilizará además la figura de 'reparto de cargas y beneficios', autorizada por la Ley 388 de 1997, que contempla que quienes se beneficien con la valorización del sector deben participar en la financiación de obras como vías, servicios públicos y adecuación de parques. "En un desarrollo urbanístico lo equitativo es que los empresarios lo financien porque se les está valorizando el suelo", asegura el funcionario.
También define las condiciones para desarrollar un área de 2.018 hectáreas, de las cuales 1.446 corresponden a suelo urbano y otras 572 a suelo de expansión urbana. Sin embargo, el área donde se podrá construir vivienda, dotacionales (universidades, colegios, clínicas, etc.) o espacios comerciales será de 290 hectáreas.
Un tema que ha levantado ampolla en algunos sectores tiene que ver con el uso de la figura de reparto de cargas y beneficios, tasado en $800.000 millones por Planeación Distrital y que contempla la construcción de vías, tendido de redes de servicios públicos, construcción de áreas comunes y adecuación de parques, entre ellos el aledaño al humedal Torca-Guaymaral. Esto implica que quien planee hacer un desarrollo urbanístico en este sector tendrá que pagar una carga equivalente al valor del usufructo del terreno.
La directora de Camacol Cundinamarca, Sandra Forero, cree que el tema de las cargas está superado pero considera que "en algunos casos podrían resultar superiores a los beneficios para los constructores", sobre todo por la norma que busca que el 40% de los desarrollos sea Vivienda de Interés Social (VIS). "Queremos que se examine la consistencia entre la carga y el beneficio porque algunos cálculos son excesivos", explica Forero. También está preocupada porque la última versión del decreto plantea un "modelo de gestión expropiatoria" que podría contener vicios jurídicos.
Los expertos en asuntos ambientales, por su parte, temen que el proceso de urbanización termine afectando las áreas de reserva forestal, las fuentes de agua y los humedales, en detrimento del equilibrio medioambiental.
Más allá de las discusiones económicas, lo que resulta clave hacia futuro es garantizar un manejo integral del sector, 'meter en cintura' los desarrollos urbanísticos informales o los que actualmente afectan la estructura ecológica de la zona, y garantizar que Bogotá pueda seguir contando con un pulmón ecológico que disfruten las próximas generaciones.
Tomado de Dinero.com
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