FALLO JUDICIAL niega futuras LICENCIAS en CERROS ORIENTALES

La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que hacia el futuro no se podrán conceder nuevas licencias de construcción en los cerros orientales de Bogotá, pero las edificaciones que ya están en esa zona de reserva, que han afectado casi mil hectáreas, no serán derribadas. A cambio, tendrán que pagar un impuesto ambiental.

Además, tampoco se podrán adelantar actividades de minería, y el gobierno de Bogotá deberá implementar planes para trasladar a decenas de familias que habitan en zonas que están en riesgo de deslizamientos.

De esta forma, el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, explicó que se avaló el realinderamiento de la reserva que hizo el Ministerio de Ambiente en el 2005, al quitar 973 hectáreas de ese bosque natural y reducirlo de 14.166 a 13.143 hectáreas.

Los nuevos límites ratificados para esa reserva quedaron fijados, de punta a punta, entre el Boquerón de Chipaque (en el extremo suroriental de la capital) y Chía (en el norte).

“A partir de la sentencia –advirtió el alto tribunal–, no se podrán conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos de construcciones en la reserva forestal protectora de Bogotá”.

A pesar de que se reconocieron derechos de quienes construyeron legalmente en los cerros (el principio de confianza legítima), el Consejo de Estado ordenó proyectar la vocación ecológica de la llamada “franja de adecuación” (el límite entre el área afectada y la zona de reserva), de tal manera que haya una “zona de aprovechamiento ecológico que compense a los habitantes de la ciudad los perjuicios ambientales y garantice el derecho a la recreación”.

Se calcula que en la franja que quedó por fuera de la reserva forestal hay 7.000 predios y 23 barrios como Bellavista, La Sureña y Juan XXIII que tenían zonas en el limbo jurídico y que ahora podrán tener legalmente acceso a los servicios públicos.

El fallo del Consejo de Estado se da 13 años después de decretados los nuevos linderos y de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los suspendiera.

Esta situación creó incertidumbre jurídica entre las autoridades y los dueños de los predios de esa reserva sobre los pasos que se deben seguir. Mientras tanto, algunas construcciones se siguieron levantando en la reserva, de noche, como lo denunció en su momento la Contraloría Distrital.

En julio pasado, el Distrito, la Nación –a través de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)– y la comunidad firmaron un pacto para defender la reserva de los cerros orientales.

De otro lado, el alcalde Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta de Twitter que “es muy importante para Bogotá la sentencia del Consejo de Estado que salva a los cerros orientales de la urbanización”.

Los sectores construidos

En las 973 hectáreas que salen de la reserva forestal de los cerros orientales hay barrios construidos y, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, se conservarían barrios como Santa Bárbara Alta, Juan XXIII, La Flora, Las Gaviotas, Bellavista.

De igual forma, se pueden afectar otros, con sectores dentro de la reserva, como Amapolas, Violetas, Villa Rosita, La Sureña, Tiguaque, Parcelación San Pedro, Brisas Suroriental, San Jerónimo de Yuste, Pardo Rubio, Paraíso, Cerro Verde, Tramonti, Cerro Alto, Santa Cecilia Norte, Cerros del Norte, Soratama, El Codito, Mirador del Norte, Buena Vista, Floresta de la Sabana, Bosques de Torca, San Isidro y San Luis.

Tomado del tiempo.com

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN para AMPLIAR la VIVIENDA

Es muy recurrente en Bogotá, que las familias por su necesidad de acomodarse mejor en sus espacios disponibles, o porque el crecimiento de la misma lo obliga, o porque más familia llegó a asentare en sus predios, en fin, por alguna de las variables expuestas u otras también de índole económico familiar, los hogares bogotanos se ven abocadas a recurrir a la figura de la AMPLIACIÓN. 

Y ampliar una vivienda, significa para el común de las gentes, construir sobre una construcción existente, y tal actividad se llevaría a cabo sin más ni más, si la autoridad veedora no estuviera haciendo un control y seguimiento continúo sobre las edificaciones.

Y cuando la construcción ampliación se lleva a cabo por medios artesanales como ocurre con gran frecuencia, vienen los cerramientos de obra, los sellamientos, y las citaciones molestas que ponen a la gente de un nerviosismo, del cual se valen los vivos y aprovechados de la situación. 

Para evitar que tales situaciones se presenten con la frecuencia habitual, es bueno que el constructor de la ampliación sepa que en la actualidad toda obra que se emprenda requiere LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 

Igualmente se debe aprender, que para AMPLIAR una VIVIENDA, se requiere Licencia de ampliación de la construcción, y que para obtener tal Licencia de Ampliación, es necesario que antes exista una Licencia de Construcción de la casa original, y que para saber si la casa original tiene Licencia de Construcción se debe investigar tal información en las oficinas de Archivo de Planeación con la dirección antigua. 

Como corolario de todo lo expuesto, se debe aprender que para ampliar una vivienda, la licencia sólo será tramitada siempre y cuando se cuente con la licencia original del a casa, y que de no existir, entonces se debe recurrir a la figura de la Licencia de Reconocimiento de la Construcción actual

Vecinos de UNICENTRO logran destitución de CURADORA CUARTA por LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Esta mañana la Procuraduría destituyó e inhabilitó por dos años a la Curadora Cuarta de Bogotá, Nohora Cortés Cuéllar, por haber entregado de manera irregular una licencia de construcción al Centro Comercial Unicentro. Con esto, la Procuraduría le da la razón a los vecinos y le asesta otro golpe a las pretensiones del centro comercial.

Aunque esta decisión queda pendiente de la segunda instancia, pone una vez más en evidencia la débil institucionalidad que hay para la entrega de licencias de construcción en Bogotá.

El Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, destituyó a la Curadora por entregar la licencia sin el plan de movilidad ni el plan de implementación.

La licencia debía haber estado condicionada a que Unicentro se comprometiera a realizar las obras necesarias para amortiguar el impacto de la nueva torre, de 25 pisos, en la ciudad. Como Cortés no comprobó que Unicentro asumiera estos compromisos (de hecho Unicentro nunca lo hizo), la Procuraduría la destituyó por cometer una falta gravísima dandole la razón a los vecinos y a la ex directora de Planeación Distrital María Camila Uribe.

Pero la Procuraduría encontró que no había problema en que Cortés hubiera otorgado la licencia para adecuación y modificación y no para obra nueva. Además, tampoco vio ningún problema en la forma en que la asamblea de copropietarios del centro comercial aprobó la obra. Con respecto de estos dos hechos, que también han argumentos de los opositores de la nueva torre, la victoria fue para Unicentro. Aunque la destitución de la curadora es una importante victoria de quienes se oponen a la obra, el debate sigue abierto y los procesos siguen avanzando

TORRE UNICENTRO

Bogotá D.C., 19 de Enero de 2011. Pese a encontrar varias irregularidades en la expedición de la licencia que permite la construcción de la torre de Unicentro, las normas vigentes no permiten que la Secretaría Distrital de Planeación pueda revocar unilateralmente esta autorización expedida por la Curadora No. 4.

Para revocar la Secretaría tenía que probar que en la expedición de la licencia existieron medios ilegales. Según reiteradas sentencias de Corte Constitucional y Consejo de Estado es necesario demostrar la utilización de “un medio que, en sí mismo, pueda calificarse también, en forma evidente, de ilegal, tal como un documento fraudulento, o el ocultamiento deliberado de una prueba, o un acto de corrupción o de violencia”.

Si no existe esta prueba irrefutable son los jueces, y no la administración, quienes deben demostrar la ilicitud del acto, dada la presunción de inocencia y de buena fe que gozan las personas conforme a la Constitución.

No obstante lo anterior, la Secretaria Distrital de Planeación es conciente, y así lo demostró en la Resolución 2268 de 2010, que la licencia que autoriza la torre de Unicentro vulneró derechos fundamentales y colectivos, trasgredió el ordenamiento jurídico e interpretó la norma urbana en contra de los principios constitucionales. En protección de los intereses públicos la misma Resolución alertó a los organismos de control de la transgresión al ordenamiento jurídico y se compromete a proyectar y presentar la demanda de nulidad, con solicitud de suspensión, contra la licencia de construcción. La demanda de nulidad se encuentra lista y se presentará inmediatamente se cumpla el término de la notificación por edicto de la Resolución 2268 de 2010.

De igual forma, esta Secretaría insta, en la misma resolución, a la Alcaldía Local de Usaquén para que en el marco de las facultades que le ha otorgado el Código Nacional de Policía suspenda la obra una vez se ha demostrado el incumplimiento por parte de Unicentro, titular de la licencia. Así como también solicita a la Juez 20 Administrativa, que tiene en sus manos la acción popular presentada contra la Curadora 4, sobre este mismo tema, que como medida cautelar suspenda de forma inmediata la licencia, e invita al Procurador Judicial delegado para este asunto para que solicite también dicha suspensión.

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADAS

Se trata de las licencias de construcción tramitadas durante el 2009. El dato más reciente es de octubre, con 1,2 millones de metros cuadrados en todos los usos que significaron una reducción de 0,8%.

La vivienda no tuvo un buen desempeño, pues los permisos bajaron 2,5 por ciento; en contraste, las licencias para otros destinos se crecieron 3,7 por ciento.

Al separar los resultados por tipo de vivienda, la vivienda de interés social (VIS) se redujo 41,9 por ciento, sin embargo, el el área aprobada para vivienda diferente a la social se incrementó 14,2 por ciento.

Los analistas coinciden en que las cifras del jueves empezarán a mostrar una tendencia al alza porque parte del inventario se ha agotado y porque, además, a los constructores que vendieron sobre planos en el 2009 y lograron el punto de equilibrio, ya les están desembolsando los recursos.

Tomado de portafolio.com

VÍA QUE CONTECTARÁ A ENGATIVÁ CON FUNZA Y COTA AFECTA AL HUMEDAL LA FLORIDA, no tiene LICENCIA

La Personería Distrital denunció que la Gobernación de Cundinamarca inició las obras de adecuación de la vía sin avisar al Distrito y sin contar con la licencia ambiental requerida.

El organismo de control aseguró que la ampliación de ese carreteable a una vía de dos carriles, que tendría 5 kilómetros de extensión, ya afecta al humedal porque a lo largo del camino se han formado grandes charcos.

Las obras fueron entregadas en el 2006 por la Gobernación de Cundinamarca al Consorcio Intervías, por un valor de 15 mil millones de pesos. Estas se iniciaron en el 2007. El organismo indicó que Cundinamarca tampoco tramitó el permiso ambiental, a pesar de que debía hacerlo, pues es un humedal y el camino que lo atraviesa no iba a ser repavimentado, sino ampliado, con lo cual "se modifica el perfil vial".

El secretario de Obras de Cundinamarca, Luis Fernando Góngora, le salió al paso a la Personería Distrital y dijo que el humedal La Florida "es un predio del Distrito que se encuentran en jurisdicción de Cundinamarca y, por tanto, no necesitaban informar a Bogotá sobre la obra ni pedirle permiso a ninguna entidad para su realización, porque es una vía pública".

Góngora dijo que tampoco requería licencia ambiental, porque "no es una obra nueva, sino la adecuación de una vía antigua, construida hace 40 años".

Según la Gobernación, la vía que limita con el parque es pública y pertenece al departamento, y su intervención sólo requería un Plan de Manejo Ambiental, que fue presentado a la Corporación Autónoma Regional (CAR). El proyecto fue diseñado para unir la calle 13 con la autopista Medellín, desde el sector conocido como El Cerrito hasta el límite del río Bogotá, que comunica a Cundinamarca con la avenida José Celestino Mutis, en la localidad de Engativá.

El Secretario de Obras Públicas agregó que los problemas en el humedal no son por el desarrollo de las obras, sino por una situación contractual que se presenta. "Aquí, el problema no es el humedal, el cual no se vio afectado, sino el contrato de obra pública, que está suspendido. Se entregó un anticipo de 5 mil millones de pesos, de los cuales sólo se han ejecutado 200 millones" afirmó. Por esta razón, agregó, la actual administración puso esa situación en conocimiento de la Procuraduría Departamental, de la Personería y de la CAR.

Tomado de el TIEMPO.COM

POR DEMORAS en LICENCIAS de CONSTRUCCIÓN y PLANES PARCIALES, No hay casa para tanta gente

"Si el tema de vivienda era un lunar de la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, en la de Samuel Moreno ese lunar hizo metástasis". Con esta dura frase, el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expresó su preocupación ante la escasez de tierra habilitada en Bogotá para construir vivienda destinada a los más pobres, es decir, casas que cuesten menos de 135 salarios mínimos (68 millones de pesos). Y lo que es peor, por esa misma razón 88.000 familias bogotanas de estratos 1 y 2 están a punto de perder los subsidios que les ha asignado el gobierno nacional para cumplir su aspiración de tener vivienda propia.

El tema va más allá de ser una nueva disputa entre la ciudad y el gobierno nacional. Con Henao coinciden la Sociedad Colombiana de Arquitectos, urbanistas, abogados especializados en uso del suelo y constructores. No en vano a comienzos de junio Camacol hizo público un delicado diagnóstico: en Bogotá faltan 271.000 viviendas de interés social (VIS), las cuales no se podrán construir si no se proveen los suelos disponibles.

No es que en la ciudad ya no haya tierra urbanizable, sino que aquella que está destinada a los proyectos de interés social no ha podido ser habilitada: "Es un problema de gestión del suelo", dice el urbanista Carlos Galindo al referirse a las causas que hacen que en Bogotá la oferta de vivienda de interés sea más escasa que en el resto del país.

Las razones tienen que ver con la ineficiencia en los trámites que debe adelantar el Distrito para que se puedan desarrollar proyectos habitacionales. En particular, insisten los constructores, los planes parciales, que habilitan el urbanismo en extensiones de más de 20 hectáreas, son manejados con lentitud extrema.

En Usme, donde hay 250 hectáreas urbanizables, las autoridades han tardado casi ocho años para formular el Plan Parcial y, por ello, algunos promotores de vivienda han perdido interés en construir en esos terrenos. Es el caso de una caja de compensación que recientemente quería invertir más de 120.000 millones de pesos en VIS en esta localidad pero, por la inexistencia de la norma, desistió de hacerlo. Algo similar ocurre con el Plan Parcial del Norte, que debería estar sobre el papel hace más de un año, pero frente al cual Planeación Distrital no ha expresado ninguna posición definitiva.

Aunque en 2007 el Distrito expidió un decreto para promover un plan de choque en el tema de Vivienda de interés social, sus efectos han sido débiles por cuenta de la tramitomanía. De 25 planes parciales radicados el año pasado, sólo tres han sido aprobados. Además de que cada plan se tarda en promedio cuatro años en ser expedido, cualquiera que quiera construir VIS tiene que cumplir al menos 64 trámites para obtener la licencia, según Camacol y el Viceministerio de Vivienda.

Metrovivienda, la empresa del Distrito encargada de apoyar a las familias para el acceso y la tenencia segura de vivienda tiene los mismos problemas que las empresas privadas para construir VIS. El mejor ejemplo es que no ha podido terminar Campo Verde, una zona de 80 hectáreas en Bosa cuya construcción está paralizada desde 2007 porque ni el acueducto ni la CAR han podido determinar si en la zona existe o no un humedal.

Recientemente la Secretaría del Hábitat y Metrovivienda pusieron a disposición de los constructores nueve manzanas para levantar 1.500 viviendas de interés prioritario. Así mismo, el Distrito señaló que identificó suelo para construir 120.000 VIS. Sin embargo, el terreno por si solo no es garantía, porque en tanto la coordinación interinstitucional, la tramitomanía y la gestión del suelo no se hagan más eficientes, el déficit de vivienda de interés social seguirá aumentando. "Mientras en Bogotá no haya claridad para programar la inversión pública para habilitar el suelo, seguiremos poniendo en riesgo los subsidios. El panorama no es nada alentador: para 2020 podrán faltar 712.000 VIS", dice el viceministro, mientras saca la calculadora para hacer sus propias cuentas. "Para superar el déficit de VIS en 10 años, la ciudad tendría que habilitar 480 hectáreas al año, e incorpora 85. Sin eficiencia institucional eso será imposible", insiste.

Tomado de Semana.com